El primer aviso de la tragedia fueron los cadáveres abandonados en las calles de Guayaquil, en Ecuador, desde fines de marzo. Luego vendrían las tumbas colectivas en la brasileña Manaus y contenedores refrigerados para conservar los muertos en varias ciudades y ahora volvieron los muertos en las calles, esta vez en Bolivia.

La COVID-19 se propagó aceleradamente en América Latina y el Caribe desde entonces y se acercan a 200.000 sus víctimas fatales, según datos oficiales que se consideran subestimados. La mitad de los ocho países con más casos de contagio registrados en el mundo pertenece a la región, como también un tercio de los 15 países con más muertos.

La pandemia se diseminó de forma y en velocidad muy dispares entre los países y dentro de los territorios nacionales, en concordancia con la desigualdad social de que la región es campeona mundial.

Pocos países lograron bajar el promedio de casos nuevos y de muertes y no se puede asegurar que los que lo hicieron haya sido de forma sostenible. En general se vive aún la expansión de la pandemia, aunque algunos países parecen haber estabilizado el promedio de decesos diarios, aunque en una cota elevada: poco más de 1.000 en Brasil y unos 200 en Perú, por ejemplo.

Brasil concentra 48% del total de muertos regionales hasta el 31 de julio, pero Perú registra el mayor índice, con 588 decesos por la COVID-19 cada millón de habitantes, seguido de Chile, con 493, y Brasil, con 432.

Los datos divulgados por las autoridades sanitarias son poco confiables y comparables, por los distintos criterios estadísticos y escasez de diagnósticos, pero la cantidad de muertos, aunque subregistrada, indica una tendencia y un acercamiento a la realidad, ya que es difícil ocultar cadáveres.

La COVID-19 se propagó con fuerza en la región, entre otros factores, porque encontró “sistemas de salud subfinanciados, segmentados y fragmentados, con presupuestos lejos de la meta de 6% del producto bruto interno (PBI) recomendado por la Organización Panamericana de Salud (OPS), limitados a 3,7%”, señaló Alicia Bárcena Ibarra, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Además, 54% de los trabajadores ocupados, es decir 158 millones, están en el mercado informal, sin seguro de desempleo, y sin condiciones de aislarse, porque tienen que trabajar para obtener algún ingreso cada día, acotó.

La pandemia genera una “triple crisis”, en el sistema de salud, en la protección social y la economía, destacó la directora de la OPS, Carissa Faustina Etienne, al hablar desde Washington en la comparecencia compartida con Bárcena para lanzar el informe CEPAL/OPS Salud y Economía: una convergencia necesaria para combatir la COVID-19 y retomar la senda hacia el desarrollo sostenible.

Brasil, en realidad, vive también una crisis política agravada por la confrontación entre el gobierno central, presidido por el ultraderechista Jair Messías Bolsonaro, y la mayoría de los gobernadores de sus 27 estados. El presidente se opone al aislamiento social impuesto por los gobernadores como forma de contener la pandemia y presiona por la reanudación de todas las actividades económicas.

El país ocupa el segundo lugar mundial, luego de Estados Unidos, en cantidad de infectados, más de 2,6 millones, y muertos, 91.263, al 30 de julio, según los registros oficiales. Desde el comienzo de junio mueren por COVID-19 un promedio diario de 1.000 brasileños.

Pero no fue Bolsonaro el principal factor del “fracaso” brasileño, sino “la falta de coordinación y planificación nacional” y una orientación equivocada, que abandonó la atención básica y los preceptos de la salud pública, según puntualizó el epidemiólogo Eduardo Costa, asesor de Cooperación Internacional de la Escuela Nacional de Salud Pública, en Rio de Janeiro.

“Brasil tiene 286.000 agentes de salud en su Sistema Único de Salud (SUS), pero ellos fueron dispensados, prácticamente desmovilizados” en la lucha contra esa pandemia, que se concentró “exclusivamente en los hospitales”, dijo.

De esa forma, se abandonó el rastreo y la búsqueda activa de los infectados y sus allegados, para aislarlos y así romper la cadena de transmisión de la COVID-19. “Ese es el mecanismo central para controlar las epidemias”, explicó.

Por eso el alabado SUS, apuntado como uno de los factores decisivos de Brasil contra la COVID-19, “fue incapaz de superar las dificultades creadas por Bolsonaro”, según Costa.

Se habló mucho de ampliar el testeo, ya que Brasil es uno de los países que menos aplicó exámenes de diagnóstico para la COVID-19, pero la cantidad por sí sola no resulta eficaz. “Hay que usarlos para prevenir el contagio, como hicieron países exitosos en la tarea, como Alemania y Corea del Sur”, ejemplificó.

“Sería muy útil consolidar los servicios de salud primaria, como las unidades comunitarias, los médicos de familia y los agentes de salud, desactivados incluso por la recomendación de quedarse en la casa y solo buscar asistencia médica en casos graves”, acotó.

Recomendaciones como esa incrementaron la mortalidad por otras enfermedades, las muertes en el hogar y la búsqueda tardía de cuidados. “Aplicar esa inteligencia epidemiológica es indispensable para la vuelta a las escuelas y la reactivación de la economía”, sostuvo.

Tampoco Perú logra hace varias semanas bajar el promedio de muertes. “La enorme cantidad de trabajadores informales que se aglomeran en los mercados callejeros es un factor de esa mortandad”, señaló José Eduardo Gotuzzo Herencia, médico infectólogo, profesor emérito de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Una cuarentena de 110 días tuvo éxito al comienzo, pero luego el contagio y la mortalidad aumentaron gradualmente. Las muertes se estabilizaron en cerca de 200, desde mediados de  junio, sin lograr desescalar desde esa meseta.

“El aislamiento fue parcial, solo en las noches de 20:00 a 05:00 horas y total los domingos”, explicó Gotuzzo, quien dirigió durante 22 años el Instituto de Medicina Tropical ‘Alexander Von Humboldt’ y forma parte del comité de expertos que asesora el gobierno en la pandemia.

Algunas ciudades mantienen el confinamiento, mientras otras lo suspendieron. “Para los informales no hay cuarentena posible”, sostuvo el médico. “Además, un servicio de salud sin organización nacional y el mal manejo de la pandemia en las regiones, con dirigentes mal informados, contribuyeron al desastre”, acotó.

Y la ayuda gubernamental a los informales, para paliar las pérdidas, provocó “colas gigantescas delante de los bancos, acarreó nuevos problemas y amplió el contagio”, lamentó.

“La pandemia, que llegó transportada por migrantes peruanos que regresaron al país desde España e Italia, se agravó porque se extendió por Lima al norte y a la Amazonia, luego a las zonas altas andinas, donde no había casos al inicio”, recordó. “Lima sigue en situación crítica”, evaluó.

La CEPAL prevé una “abrupta recesión” este año, con un producto regional que caerá al menos 9,1%. Los 45,4 millones de nuevos pobres, elevará a 230,9 millones los latinoamericanos sometidos a la pobreza, de los cuales 96,2 millones, o 15,5% de la población total, en la extrema pobreza.

Un ingreso básico de emergencia durante seis meses, a un costo de 2% del PBI, subsidios a 2,6 millones de microempresas y otras amenazadas de quiebra, son algunas propuestas de la CEPAL y la OPS para zanjar la crisis.

Pero “sin controlar la pandemia es imposible pensar en la reactivación económica”, advirtieron las dirigentes de esas dos agencias regionales de la Organización de Naciones Unidas.

Fuente: CEPAL